¿Cuánto cuesta abortar en Argentina hoy? Nada. Es un derecho y la ley reconoce su acceso gratuito en hospitales.Y sin embargo, hay mujeres que están pensando en sacar préstamos, endeudándose o pagan hasta $300.000 para poder ejercerlo. Cuando el acceso a derechos pasa a depender de quien puede pagarlo, la desigualdad se profundiza.
Soy Cami Valero y hoy quiero que hablemos de qué está pasando con el acceso a la interrupción del embarazo en Argentina.
Paula tiene 31 años, vive en Tucumán en un contexto de extrema vulnerabilidad. Cuando fue al hospital a pedir una interrupción del embarazo, le dijeron que no había medicación. Que si quería, tenía que comprarla ella. Que las pastillas salían $170.000. Paula no tiene $170.000. Paula tiene siete hijos y no sabe de dónde sacar esa plata.
Sol tiene 23 años y es de Salta. Estuvo 28 días esperando una respuesta del sistema de salud porque no había medicación en toda la provincia. Casi un mes sintiendo los cambios en su cuerpo, con miedo, sin información, sola.
Al final, le pidió a una amiga $112.000 para comprar la medicación por su cuenta.
Dicho en sus palabras: “Si es un derecho, ¿por qué no se cumple?”
Ángeles tiene 24 años y vive en Buenos Aires. Cuando fue a consultar, la médica le dijo que el aborto era ilegal. Que si ella llamaba a la policía, podía ir presa. Eso pasó en 2025. Cinco años después de que la ley existe.
¿Cómo se llegó a esto?
Desde que se sancionó la Ley 27.610 en 2020, las muertes maternas por aborto se redujeron a la mitad. Pero desde diciembre de 2023, el gobierno nacional dejó de comprar y distribuir misoprostol y mifepristona, medicamentos necesarios para acceder al aborto.
Y esto no fue una demora administrativa o burocrática. Fue una decisión, escrita y firmada. Como consecuencia, los sistemas de salud provinciales se desbordan: Falta medicación, se saturan los hospitales y aparecen demoras que hacen que muchas personas tengan que abortar más tarde. En una misión en la provincia de Salta, Amnistía Internacional lo corroboró.
En términos de acceso, las consecuencias ya se ven. Aumentaron más de un 300% las consultas y denuncias por obstáculos para abortar que recibió Amnistía Internacional en su formulario online, en comparación con el año anterior. Muchas en casos de niñas y adolescentes entre 14 y 19 años. De ellas, el 80% no sabía cómo ni dónde acceder a una interrupción del embarazo.
¿Por qué? Porque el Gobierno fue desarmando, una por una, las políticas que hacían que la ley funcionara en la práctica. Además, se desmanteló el Plan ENIA, que reducía embarazos no intencionales en adolescentes. Se cortó la educación sexual en muchas provincias. Y se redujo notablemente la distribución de anticonceptivos, preservativos y test de embarazo. Mientras tanto, la sífilis alcanzó el mayor número de casos registrados en la historia del país: 46.779 casos.
Y en algunos hospitales Amnistía registró prácticas que obstruyen el acceso. Como en el Hospital Materno Infantil del municipio de San Isidro donde piden requisitos que la ley no exige: reconfirmación del consentimiento, derivaciones indebidas a servicios de psicología, comentarios moralizantes y presuntas intervenciones de personas ajenas al hospital.
Cuando la ley funciona, las muertes bajan. Cuando el Estado se retira, el costo lo pagan las que menos tienen. Esto no es solo presupuesto. Es una decisión sobre quién puede ejercer sus derechos y quién no.
Si quieren leer más datos, casos y qué está pasando en cada provincia, lean el informe completo de Amnistía Internacional que documenta todo esto.
Si esto te importa, sumá tu firma en la web de Amnistía y exigí a las autoridades un cambio urgente.
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